Tucumán dio un paso institucional orientado a erradicar la violencia en contra de las mujeres. La Legislatura sancionó un proyecto que castiga el acoso callejero ¿Es importante? Todos los actores involucrados reconocen que sí. ¿Es suficiente? De acuerdo con testimonios publicados en LA GACETA, la mayoría de los especialistas reconoce que no.

El acoso sexual en la vía pública se considera una de las formas de violencia contra la mujer porque comprende ataques a la libertad, la integridad y al derecho de libre tránsito. Se trata de acciones físicas o verbales con contenido sexual sin consentimiento. Incluye comentarios sexuales; fotografías y grabaciones hechas sin consentimiento; persecución o arrinconamiento; los tocamientos y la masturbación; los gestos obscenos y la exhibición de partes íntimas.

El proyecto, elaborado con aportes de los parlamentarios José María Canelada (UCR) y Marta Najar (PJ), es una modificación al régimen contravencional vigente (fue declarado inconstitucional y aún no se renovó). Prevé hasta 90 días de arresto o 90 días de multa para los acosadores que actúen en espacios públicos o con acceso público. Se incluyen como agravantes que el acoso sea realizado por dos o más personas; si la víctima tiene menos de 19 años o más de 60 y si el acto está basado en la desigualdad de género. Resta que la normativa sea puesta en vigencia por el Poder Ejecutivo.

LA GACETA publicó datos surgidos de encuestas realizadas por el Observatorio Mujeres y Disidencias de Derecho, que consignan que nueve de cada 10 mujeres se sienten inseguras caminando por la calle y que la edad en la que inicia este temor es a los nueve años. Las cifras son alarmantes. Pero no son las únicas. Tucumán sigue encabezando los rankings de femicidios, delitos ubicados en el extremo de gravedad de la violencia de género. “2021 finalizó en Tucumán con la misma cantidad de femicidios que 2020, son los dos años en que más registramos en nuestra provincia. Ponemos fuerte hincapié con este contexto en la necesidad y urgencia de la implementación, diseño y fortalecimiento de las políticas públicas para que el abordaje integral de la violencia de género sea efectivo, eficaz, concreto y esta realidad tenga respuesta”, había sostenido en diciembre Yanina Muñoz, referente de MuMaLa (Mujeres de la Matria Latinoamericana).

Los cuestionamientos de algunos organismos que defienden los derechos de las mujeres y visibilizan las violencias radican en la inconsistencia de las políticas públicas en todos los ámbitos de poder. Las normas con perspectiva de género parecen sancionarse como parches inconexos y no con un abordaje integral. Mencionan como ejemplos la creación del Ministerio de la Mujer en el ámbito nacional; la sanción de la Ley Micaela y de la que estipula la Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Si bien reconocen los avances en materia legislativa y los esfuerzos volcados por organismos y oficinas estatales en los últimos años, no alcanzan para atacar la problemática.

La educación desde los primeros años y a lo largo de todo el trayecto en los ámbitos escolares y familiares puede ser clave, así como también la capacitación y sensibilización de los actores estatales y privados. El compromiso y la voluntad política no son suficientes. Se necesita más.